Ricardo Flores y Alex Ramos Internos de Medicina Universidad de Chile
El
Centro de Políticas Públicas junto al Departamento de Salud Pública de la
Facultad de Medicina de la Universidad Católica organizaron un seminario realizado
el 30 de octubre, en el cual se presentaron los resultados de la Comisión para
reformar el actual sistema de ISAPREs convocado por la presidenta Michelle
Bachelet.
Camilo Cid, académico de
la UC y secretario ejecutivo de la comisión, realizó la exposición. Esta
presentación tenía como objetivo transmitir el contenido del informe que la "Comisión
Asesora Presidencial para el Estudio y Propuestas de un Nuevo Modelo y Marco
Jurídico para el Sistema Privado de Salud" entregó a la Presidenta el día
8 de octubre de 2014.
Este es un informe cuyas propuestas no son vinculantes y
fue elaborado para la consideración del Gobierno. La comisión fue compuesta por
diversos profesionales vinculados a la Salud Pública, contando con 7 médicos,
la mayoría de ellos salubristas, 2 abogados, 5 economistas, 3 ingenieros
comerciales y 1 ingeniero civil. La comisión funcionó desde el 14 de Abril al 8
de octubre de 2014, realizó 36 sesiones y escuchó a más de 30 organizaciones
ciudadanas, la mayoría en Santiago.
En
el actual sistema de salud chileno, en FONASA está más del 75% de la población,
cerca del 18% en ISAPREs, alrededor del 3% está en las FFAA y otro 3% no tiene
cobertura. Todos los trabajadores formales están obligados a cotizar el 7% de
su salario. El Sistema de ISAPREs es un seguro individual y no social, que
cobra más del 7% y puede subir los precios unilateralmente, seleccionando por
ingresos y por riesgo. Esto trae como consecuencia que la Seguridad Social en
Chile es segmentada por riesgos sanitarios e ingresos, quedando en ISAPREs la
gente de mayores recursos, en su mayoría hombres, jóvenes y sanos. Esto evidencia
un comportamiento ausente de los preceptos de la seguridad social.
A
partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional de agosto de 2010, que declaró
inconstitucionales un conjunto de normas que regulaban el sistema de ISAPRE, se
generó una situación de incertidumbre jurídica que pese al tiempo transcurrido,
aun no ha sido superada. Esto creó la necesidad de Asesorar a la Presidenta de
la República en el estudio de la normativa del sistema de salud en lo relativo
a las ISAPREs, los derechos de sus afiliados y sus relaciones con el sistema de
salud en su conjunto para proponer adecuaciones y reformas al sector de manera
que la salud pueda ejercerse como un derecho de la seguridad social. De esta
forma, los lineamientos de la propuesta fueron introducir mayor equidad y
solidaridad en el Sistema, de tal forma que sea coherente con los principios de
la seguridad social . Se valoró la solidaridad como principio básico y se
establecieron requisitos mínimos que debe cumplir el aseguramiento en salud.
Una
de las propuestas de la comisión es la creación de un Plan de Seguridad Social
(PSS) único y universal, al cual puedan acceder todos y que contenga prestaciones
MAI, GES, MLE, Ley de urgencias, CAEC, códigos superintendencias y SIL. El
costo del PSS sería de un 7% más una Prima Comunitaria (Pc). ISAPREs no podrían
ofrecer más de 3 Pc, no dependiendo del plan sino de la red de prestadores. Con
un sistema de copagos estandarizados que considera un gasto anual tope respecto
de la renta, y con libre elección real de asegurador (afiliación abierta),
mediante la eliminación de la
declaración de salud, eliminación de las pre-existencias e inicio del fin de la
cautividad.
Para
que el sistema de ISAPRE opere bajo régimen de seguridad social se requiere que
la cotización ingrese a un Fondo Central ("Fondo Inter-ISAPREs").
Este se distribuiría posteriormente entre las ISAPREs a través de una fórmula
capitada ajustada por riesgo según las variables asociadas al costo esperado de
la atención de salud de los afiliados. Así, el 7% de los cotizantes de ISAPREs irá a este fondo
para financiar el PSS, el Fondo de Incapacidad Laboral (SIL) y el Fondo
Mancomunado Universal (FMU). Este último se plantea como fondo que entrega
servicios universales, permitiendo iniciar un proceso de superación de la
dualidad del sistema.
En
cuanto a las regulaciones necesarias, se propone una continua evaluación,
seguimiento y regulación de los precios, prohibición de la integración
vertical, supervisión de los planes complementarios y suplementarios por la
Superintendencia de salud acompañado de un aumento de sus facultades
regulatorias, fomento al uso de redes de atención de salud y a mecanismos de
pago que contengan costos, prohibición a los proveedores de vender seguros y
una evaluación económica de tecnologías sanitarias para incorporación de
beneficios al PSS con entidad responsable de ello.
De
esta forma, los usuarios se beneficiarían con el término a la discriminación
por riesgo, desvinculándose del precio edad, sexo, condición de salud y la
cobertura de los planes. Terminaría la unilateralidad de los precios y el
aumento de éste con la edad. Existirían copagos estandarizados con máximos
anuales y garantía de pago de licencias cuando corresponda.
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